El Salvador enfrenta una enorme deuda pública de 800 millones de dólares, cuyos pasivos superan el PIB en más del 100%. ICEFI interviene, insinuando adquisición de deuda. Esta carga financiera plantea desafíos para la estabilidad económica y el crecimiento del país, generando preocupaciones tanto entre los inversores como entre los ciudadanos.